La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, nace para proteger las personas que comunican o denuncian irregularidades, fraudes o corrupción en su ámbito laboral o profesional, frente a las posibles represalias que puedan sufrir.

Esta Ley traspone la Directiva (UE) 2019/1937 i crea un marco legal que fomenta la denuncia y garantiza la seguridad del informante. Para hacerla efectiva, el Ayuntamiento pone a su disposición los buzones de denuncia anónima para personal interno y para la ciudadanía en general.